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El debate sobre las finanzas públicas venezolanas suele concentrarse en los ingresos petroleros. Aunque las cifras oficiales siguen siendo poco transparentes, existe una idea aproximada de su magnitud y de su destino. En medio de una profunda crisis social, es razonable suponer que una parte significativa de esos recursos se orienta a cubrir lo que el gobierno denomina “deuda social”. Pero la verdadera discusión hoy no está allí, sino en los ingresos no petroleros.
Cada vez más, el Estado venezolano depende de la recaudación tributaria interna. El peso de los impuestos, tasas y contribuciones se ha convertido en el eje de las finanzas públicas. En ese contexto, la actuación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) no solo ha generado cuestionamientos desde el punto de vista del derecho tributario, sino también —y sobre todo— en la forma en que se ejercen las fiscalizaciones.
Las multas desproporcionadas por incumplimientos meramente formales contravienen el principio de proporcionalidad. El impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF) plantea dudas sobre su racionalidad económica y su coherencia con los principios constitucionales del sistema tributario. Y la proliferación de tributos nacionales, estadales y municipales pone en entredicho el principio de armonización tributaria.
Pero el problema no se limita a los impuestos formales. Las contribuciones parafiscales, administradas por diversas instituciones públicas, se caracterizan por su escasa transparencia y han sido señaladas reiteradamente por prácticas opacas e incluso por presuntos casos de corrupción. Este entramado termina configurando una presión fiscal que se percibe como excesiva e impredecible.
En el debate político suele afirmarse —con razón— que trabajadores y pensionados son víctimas de malas políticas económicas. Sin embargo, también lo son los empresarios, los emprendedores y los profesionales del ejercicio libre, quienes enfrentan un sistema tributario complejo, costoso y poco predecible.
La reciente reforma del Código Orgánico Tributario tampoco ha disipado las dudas. Por el contrario, ha abierto nuevos cuestionamientos sobre su constitucionalidad y sobre la coherencia del sistema fiscal con los principios establecidos en la Constitución.
La experiencia comparada es clara: los países que han sufrido caídas dramáticas en su producción y en su PIB no logran recuperarse ni atraer inversiones manteniendo altas cargas fiscales. La recuperación económica exige justamente lo contrario: una reducción significativa de la presión tributaria y una oferta fiscal racional y competitiva.
Sin impuestos razonables, fiscalizaciones ajustadas a derecho y reglas claras, simplemente no hay inversión. Y sin inversión, no hay recuperación económica posible.
Como demostró Ludwig Erhard en la reconstrucción alemana, la recuperación no nace de la presión fiscal sino de su alivio: reducir impuestos fue clave para estimular el ahorro, la inversión y el retorno a la actividad productiva . En economías devastadas, gravar más no genera crecimiento; lo inhibe. La lección histórica es inequívoca: la prosperidad no se decreta desde el fisco, se construye creando condiciones para que la iniciativa económica respire. Venezuela no será la excepción.
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