En el movimiento Unión y Progreso hemos insistido, desde el primer momento, en la imperiosa necesidad de asumir como prioridad las medidas para afrontar la pandemia del COVID-19. Pedimos diferimiento de elecciones, acuerdos parciales, gobierno de emergencia económica y social. Hemos denunciado el mecanismo de sanciones que, lejos de propiciar el cambio político, aumentan los padecimientos y la vulnerabilidad de los ciudadanos. Hemos insistido a nuestros promotores en el incuestionable deber de cuidar la salud frente a una enfermedad que puede ser mortal para muchos de ellos o sus familiares. Sufrimos el fallecimiento de la luchadora política y social, Bella Petrizzo, en el estado Portuguesa.
El médico internista y cardiólogo, Dr. Enrique Fermín, dirigente de Caracas y miembro de la directiva nacional de Unión y Progreso, no ha cesado de hablar sobre la enfermedad y las medidas de salud pública que deben asumirse con urgencia. En días recientes, Unión y Progreso volvió a publicar un comunicado a la opinión pública solicitando, a quienes tengan la responsabilidad de hacerlo, celeridad en el proceso de vacunación. Conforta saber que las negociaciones para acceder al mecanismo COVAX y a un plan de vacunación masivo y bien llevado, parece ser una realidad.
Acabo haciéndome eco de un fragmento del comunicado de Unión y Progreso:
Estamos frente a una situación alarmante, la capacidad del sistema asistencial nacional se está saturando. Cada día proliferan las personas que, afectadas por la enfermedad, deben resignarse a quedarse en sus hogares, con todos los riesgos del caso. Por ello, la vacunación masiva es una necesidad urgente. El Gobierno Nacional debe propiciar la mayor cooperación posible para lograr ese objetivo. Son necesarias algunas medidas con carácter prioritario:
1. Acelerar y profundizar la inmunización del personal de salud: médico, de enfermería, técnico y administrativo.
2. Vacunar masivamente al personal docente y a los estudiantes, con edades de 18 años o más (los estudios se han realizado en este tipo de población).
3. Priorizar a la población de mayor riesgo: adultos mayores, pacientes con diabetes, con enfermedad crónica pulmonar, entre otros.
4. Levantar una base de datos, con los trabajadores de las empresas públicas y privadas y canalizar la campaña de vacunación a través de las mismas.
5. Certificar y autorizar a los centros de salud privados, capacitados, para la realización y reporte de las pruebas confirmatorias PCR, en coordinación con las autoridades de salud, para potenciar las capacidades diagnósticas del sistema nacional de salud.
6. Permitir que, con la buena profesionalidad y la colaboración del Estado, centros privados de salud y compañías privadas, puedan comprar lotes de vacunas aprobadas, para la vacunación de su personal y los familiares del mismo.
7. Programar una jornada intensiva de vacunación masiva, teniendo como base los centros electorales y sus respectivos padrones electorales, para habilitarlos como centros de vacunación en la respectiva campaña.
Sólo una campaña de vacunación masiva, combinada con una profundización en la información y la concientización, puede contrarrestar la posibilidad real de un desbordamiento incontrolable de la pandemia COVID-19 en Venezuela.
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