Reseñaba el diario El Tiempo de Bogotá que el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), a cargo de llevar adelante el proceso de privatizaciones durante el segundo mandato de Rafael Caldera, completó la privatización de la CANTV iniciada en 1991, cuando el 40% de sus acciones pasaron a manos del consorcio internacional VenWorld, quedando los trabajadores con el 11% y el estado conservó el 49% restantes. La compañía telefónica de Venezuela había sido uno de los primeros ensayos de privatizaciones de empresas estatales del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; no obstante, tardó cinco años en completarse hasta que las acciones del estado fueron transferidas al consorcio ganador, conformado por las empresas GTE (51%), Electricidad de Caracas (16%), Telefónica de España (16%), Banco Mercantil (12%) y AT&T (5%), con una oferta de 4.712 millones de dólares por el 40 por ciento de las acciones, “con lo cual Venezuela obtuvo una ganancia del 120 por ciento con respecto al precio base establecido en el momento de la licitación de la empresa, que era de 851 millones de dólares” (El Tiempo, 12.05.1996).
Aunque no le faltaron denuncias y oposiciones desleales y descabelladas al gobierno de CAP, reclamando incluso la nulidad del proceso, lo cierto es que cumplió con el requisito de licitación ajustado a derecho, en la que participaron dos importantes grupos de empresas. Afortunadamente, la oposición mayoritaria encabezada por Eduardo Fernández, líder de la democracia cristiana venezolana, apoyó esta medida como la forma más responsable de hacer frente a la crisis socioeconómica y al colapso financiero que veníamos arrastrando: transferir bienes y servicios a la empresa privada era la única forma de atender más y mejor las demandas de la población. En el año 2007, Chávez anunció retomar el control de lo que consideraba sectores “estratégicos para cualquier país”: “Todo aquello que fue privatizado nacionalícese. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción”.
Asfixiado económicamente, el gobierno adelanta una serie de reformas de aparente liberalización y apertura económica, reiniciando un nuevo ciclo de privatizaciones en el país, que incluye los denominados “sectores estratégicos”, lo cual hace pensar que la decisión obedece más a la desesperación financiera del gobierno que al cambio de modelo económico; postura que despierta todas las alarmas y desconfianzas. Además, tratándose de sectores estratégicos, el chavismo intenta llevar a cabo estas privatizaciones de manera oscura, arbitraria y bajo cláusulas de confidencialidad para, supuestamente, evitar el bloqueo (situación que preocupa, incluso, a la relatora ONU sobre el impacto de las sanciones), con gobiernos aliados y enemigos de la democracia, poco o nada interesados en la reinstitucionalización del país, como Rusia, China, Bielorrusia, Irán, México, Turquía. En lugar de licitaciones abiertas, se abre un proceso de privatizaciones cerrado: un capitalismo clientelar o capitalismo de amigos.
Por eso nos oponemos a la forma de llevar a cabo estas privatizaciones: al margen de la justicia y de la eficiencia; con socios, testaferros y benefactores particulares provenientes de grupos afectos a intereses de poder; con funcionarios del gobierno, componentes militares y policiales, responsables de la represión, de la persecución y de todo el aparato de dominación del estado, muy al estilo ruso. Paradójicamente, se trata de una apertura censurada, sectaria, de intereses parciales, donde ni siquiera organismos gremiales como FEDECAMARAS tienen participación protagónica; basada en principios clientelares y mafiosos cuyo único fin es crear un músculo económico afín a la hegemonía en el poder, en lugar de impulsar un sector privado fuerte y autónomo, lo que fortalecería a la sociedad en su conjunto, situación absolutamente contraria a sus propósitos de dominación y sometimiento de la población.
Todo ello explica cómo, al tiempo que buscan cerrar sus negocios de privatización, incrementa el sistema de dominación y abolición del régimen democrático y constitucional con propuestas como las del parlamento comunal.
Los ciudadanos debemos exigir que las reformas económicas se hagan ajustadas a derecho, en el marco de la constitución, y que sean conocidas por la población. Que se lleven adelante con seriedad, criterios de transparencia y garantías de respeto a la iniciativa privada. La ley anti-bloqueo es inconstitucional desde su mismo origen, se desconocen los mecanismos de implementación, y nada garantiza que, una vez levantadas las sanciones económicas, perduren sus efectos.
Todo parece indicar que el gobierno actúa desesperadamente en contra de su misma naturaleza:
Acabaron con el aparato productivo
Destruyeron la industria petrolera y las empresas básicas
Detuvieron y revirtieron el proceso de privatizaciones; expropiaron y estatizaron la mayoría de las empresas e industrias del país
Fomentan el proceso de aislamiento de Venezuela de los principales aliados económicos de América Latina, como son los países europeos y de América del Norte, simplemente porque son las naciones que más han presionado por garantías democráticas e institucionales que el gobierno no está dispuesto a conceder.
Permanecen negados al financiamiento de organismos multilaterales como el FMI, el BID y la CAF pues rechazan reformas democratizadoras que permitirían a esos organismos evaluar el uso y la administración de esos recursos.
Sólo un plan de reformas económicas ajustadas a la constitución nacional e implementadas en un clima de cooperación y equilibrio institucional, mediante un proceso de reinstitucionalización democrática, puede llevarse a cabo con éxito y sostenibilidad un plan de reformas socio-económicas del estado venezolano. De lo contrario esas inversiones, además de ser tímidas y escasas debido al clima de desconfianza, sólo servirán para incrementar el escandaloso abismo que, en pleno socialismo obrero, media entre las grandes mayorías depauperadas -sin comida ni salario, sin servicios básicos ni educación- y una minoría sumamente opulenta.
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