La muerte de Víctor Hugo Quero Navas -y el calvario de su madre Carmen Teresa-, no es un episodio aislado en nuestro drama nacional; así como tampoco se trata de un caso atribuible a un conjunto de funcionarios irresponsables. Es una historia que destapa, una vez más, la vergonzosa situación de nuestro estado de justicia donde evidenciamos la renuncia del Estado a cumplir con los principios más elementales -y constitucionales- de humanidad, justicia, protección y garantía de derechos fundamentales. Realidad que nos obliga a mirar más allá de un expediente o de una coyuntura política.
Porque, como lo han resaltado distintos comentarios en las redes sociales, aunque este caso tenga una dimensión política, Quero padeció la realidad que viven miles de presos comunes en Venezuela: personas pobres, ignoradas, invisibles, sin voz, sin recursos legales, víctimas de un sistema donde las garantías constitucionales y los derechos humanos dejaron de existir hace mucho tiempo (una situación que se extiende a la crisis en los hospitales también, por cierto). La diferencia es que, en esta ocasión, el país conoció el nombre de la víctima y el rostro doloroso de su madre. Pero detrás de ese nombre se esconden muchos otros que jamás llegan a la opinión pública.
Resulta imposible ignorar la magnitud del encubrimiento y la responsabilidad última que recae sobre la máxima autoridad del Ministerio Público. Mantener oculta durante tantos meses la muerte de un detenido, implica la participación de muchas personas dentro de la estructura estatal. Cómo no recordar a Hannah Arendt y sus reflexiones sobre la banalidad del mal en el juicio a Eichmann, un funcionario que se defendía diciendo que él solo cumplía órdenes superiores. Pero todavía más grave es la persistencia de un sistema que permite que cientos de detenidos permanezcan aislados, incomunicados, sin acceso a abogados, sin contacto con sus familiares y completamente sometidos a la voluntad de cualquier arbitrariedad y abuso de autoridad. Miles de Eichmann que siguen activos en nuestro país.
La pregunta inevitable es incómoda pero necesaria: ¿cuántos más Víctor Hugo Quero tendremos que padecer para que este horror cambie? ¿Hasta cuándo seguiremos teniendo en Venezuela funcionarios irracionales, amorales, inconscientes, crueles, inhumanos y despiadados?
La detención de unos pocos responsables podría servir para construir una narrativa política momentánea, pero no impide la repetición de esos abusos. El sacrificio, al mejor estilo de chivo expiatorio, de algunos “culpables” no repara el daño cuando el sistema que permitió la violación de derechos continúa funcionando con absoluta normalidad, sin contrapesos. Peor aún: manipula el dolor de las víctimas y de sus familiares para fines y cobro de facturas políticas.
La muerte de Víctor Hugo Quero Navas debería obligar al país a discutir algo mucho más grande que un caso específico. La verdadera discusión es si Venezuela puede aspirar a la justicia mientras existan espacios donde los mismos venezolanos permiten que la ley desaparezca y la dignidad humana dependa exclusivamente de la voluntad arbitraria y desmedida del poder.
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